Los edificios públicos, los monumentos, son símbolos de poder. Y llegan a alcanzar la categoría de epónimos. Piénsese tan solo en la torre Eiffel en París o la estatua de La Libertad en Nueva York. En la ciudad de México al monumento a la Revolución o la Diana Cazadora o el Ángel de la Independencia. Quizás en Oaxaca, lo sería la estatua de Benito Juárez en el cerro de El Fortín, de las cuales hay dos copias más en otras entidades del país o, ¿por qué no, el árbol de El Tule? Independientemente de las zonas arqueológicas de Mitla o Monte Albán.
Un mandatario, un tirano, un general, un estadista construye obras monumentales para que se le recuerde en la posteridad. Baste recordar las Siete Maravillas del mundo antiguo para comprobar este aserto. Nuestros aldeanos gobernantes no se quedan atrás y, por ejemplo en el caso de Heladio Ramírez López, hace construir la Ciudad de las Canteras, el estadio Benito Juárez y la zona recreativa El Tequio. Otro mandatario, antes, hizo construir el auditorio Guelaguetza, quizás las obras más grandes construidas en los últimos años. Ulises Ruiz no se queda atrás y construye las ciudades Administrativa y Judicial (obras, no obstante que están por pagarse).
Además, sobre lo ya existente, el anterior gobernador mandó construir lo que algunos llaman velaría (un término comercial de reciente acuñación) que implica techar el mencionado auditorio. En términos estrictamente prácticos, tal techumbre solo se utilizará cuatro veces al año (la representación de la Guelaguetza) y su costo, por tanto, no se justifica. Podrían aducir que el armatoste se va a alquilar para espectáculos de cualquier tipo, sin embargo eso implicaría que el gobierno estatal financia a los promotores de conciertos y espectáculos masivos.
Sin embargo más allá de tales consideraciones (que por supuesto no deben echarse en saco roto pues hay quienes apoyaron la campaña de Gabino Cué y se dedican a traer “artistas”), lo desastroso de esa obra –tanto en el sexenio pasado, como en el actual- es que se hizo a las espaldas de la sociedad.
Ruiz Ortiz se caracterizó por llevar a cabo obras pesar de tener en contra la opinión pública: un ejemplo claro de ello fue la remodelación de la Plaza de Armas más conocido como Zócalo. Lo mismo hizo, con la oposición de un importante grupo de intelectuales, arquitectos y otros `profesionistas, incluidos profesores, para techar el auditorio ya aludido.
Pasemos por alto tal ofensa a la inteligencia de la opinión pública y el desprecio a la democracia que fueron cotidianos en la administración pasada y veamos lo que implica la culminación de esa obra por parte del actual mandatario, Gabino Cué.
Como mencioné antes, toda obra monumental tiene como fin último y como propósito primero el perpetuar en el imaginario colectivo el recuerdo de un mandatario (sea estadista o dictador) y en ese sentido puede reconocerse, por obvias razones, que esa era la intención de Ruiz Ortiz: solo que a éste no le dio tiempo de terminar la obra y quedó inconclusa.
Así la recibió Gabino Cué, luego de su triunfo electoral. Lejos de deshacerse del armatoste en cuestión, el mandatario continuó la obra a pesar de las protestas de varios sectores de la sociedad. Gabino nunca vio lo que representaba terminar la obra de su antecesor; es decir, no solo las implicaciones políticas, sino de símbolo. Y con ello, frente a la sociedad se despojó, simbólicamente hablando, de poder. Un harakiri político, lo que denota que el mandatario no es político, mucho menos estadista.
Ahora ha dicho, luego de la innecesaria inversión para culminar la obra, que se podrá en consulta popular su permanencia o bien su desmantelamiento. Pero no recula para recuperar un espacio de poder, sino para quitarse las críticas que le han caído desde que decidió que se construyera la velaría.
La velaría, más que el viento, ha provocado un vaivén político en la actual administración y lo peor de todo es que no saben qué va a ocurrir. Es obvio que la consulta arrojará algo que los oaxaqueños desde un principio se pronunciaron: un rotundo no.
El problema es el siguiente: aún cuando la consulta avale la permanencia de la velaría, el costo político (además del inherente a la preparación de la consulta en sí) será impactante y, en caso de que se rechace, el costo económico será doble: la inversión que se hizo previamente y el costo de su culminación, además del antes ya mencionado, es decir la preparación de la consulta.
En una entidad como la nuestra, donde las carencias son profundas y el rezago es histórico, cualquier decisión que tome el mandatario local será contraproducente. En buen brete lo colocó Ulises Ruiz y en una situación espinosa se colocó el propio Cué Monteagudo.
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